Juicio por YPF: la jueza Preska define si suspende la orden que obliga a la Argentina a entregar las acciones
La magistrada de Nueva York tratará el reclamo del Estado nacional para que no se ejecute la sentencia por la expropiación de la petrolera. Qué puede pasar y qué implica la posible decisión.
Este lunes el interés de la Argentina estará puesto en la definición de la jueza Loretta Preska, la jueza que debe decidir si suspende la orden que obliga a entregar las acciones de YPF como parte de pago por la sentencia por US$16.100 millones por la expropiación de la petrolera.
Días atrás, la magistrada de Nueva York le comunicó por escrito a la Argentina y a los beneficiarios del fallo, los fondos Burford y Eton Park, que este lunes definiría si concede el pedido del Gobierno para la suspensión de la entrega de acciones -y por ende las posibles sanciones al país por incumplimiento- mientras se sustenta la apelación.
Preska además les dio a las partes “tres días adicionales” para ir a la Corte de Apelaciones, algo que la Argentina ya hizo el jueves.
Hoy era la fecha tope para que el país depositara los títulos de YPF a un banco de Nueva York y Preska no va a definir si cancela o revierte la orden que dio el 30 de junio. Lo que sí decidirá es si suspende o no la entrega de las acciones mientras la Argentina apela, aclaró Sebastian Maril, de Latam Advisors.
“Si la suspende, los beneficiarios del fallo no podrán ejecutar la sentencia mientras la Argentina apela”, explicó el analista, que sigue al detalle los juicios contra el país en el exterior.
El contexto del juicio por la expropiación de YPF
El 15 de septiembre de 2023, la jueza Loretta Preska condenó a la Argentina a pagar US$16.100 millones por la expropiación de YPF realizada en 2012, un monto que ahora asciende a US$17.750 millones, si se agregan los intereses.
Ese fallo benefició a Burford y Eton Park, que compraron los derechos para litigar que tenía el grupo Petersen, de la familia Eskenazi, que tenía el 25% de YPF al momento de la expropiación.
El reclamo se basó en que el gobierno de Cristina Kirchner no cumplió con el estatuto de YPF porque nacionalizó la participación de Repsol en la compañía. Finalmente, le pagó con bonos, pero no ofreció una operación similar al resto de los accionistas.
Desde el fallo de fines de 2023, la Argentina apeló la sentencia. Por la demora del país en pagar o intentar algún tipo de acuerdo, los demandantes multiplicaron sus estrategias de presión.
Entre ellas, el pedido de entrega de las acciones de YPF en manos del Estado, que tiene fallo favorable de Preska y apelación en marcha por parte de la Argentina, y que ya abrió el camino a otros acreedores del país para reclamar también que se les pague con papeles de la petrolera.
El presidente Javier Milei dijo la semana pasada: “El fallo no tiene aplicación porque violenta la ley argentina. Para ejecutarlo, debería haber una ley del Congreso que implica dos tercios. No va a ocurrir”.